Participación Ciudadana Consciente

Dicho de otra manera: la participación entendida como una forma de controlar y moderar el poder inevitablemente otorgado a los representantes políticos. Para responder esta pregunta, es preciso volver al principio: funciona de acuerdo con el entorno político y con la voluntad individual de quienes deciden participar.

No hay recetas. En cada país y en cada circunstancia la participación adopta formas distintas, y cada una de ellas genera a su vez resultados singulares. Llevada al extremo, esa respuesta tendría que considerar los motivos individuales de todas y cada una de las personas que, en un momento dado, toman la decisión de romper la barrera de la vida privada para participar en asuntos públicos.

Pero también tendría que tomar en cuenta las condiciones políticas que rodean la participación: las motivaciones externas que empujan o desalientan el deseo de formar parte de una acción colectiva, y el entramado que forman las instituciones políticas de cada nación.

La participación entendida como una relación "operante y operada", como lo diría Hermann Heller, entre la sociedad y el gobierno: 2 entre los individuos de cada nación y las instituciones que le dan forma al Estado.

Aquel puente entre representación y participación políticas, que en principio aparecía construido con votos, se desdobla así en una gran variedad de relaciones distintas, formada por múltiples intercambios recíprocos entre las autoridades formales y los ciudadanos organizados.

Intercambios de todo tipo, animados por toda clase de razones peculiares, que finalmente le dan vida a la democracia. De modo que si bien el principio básico de la organización democrática consiste en la elección libre de los representantes políticos, la participación ciudadana hace posible extender ese principio más allá de los votos.

Convertirla en algo más que una sucesión de elecciones y, de paso, enlazar los procesos electorales con las decisiones políticas cotidianas.

La participación, pues, no es suficiente para entender la dinámica de la democracia. Pero sin participación, sencillamente la democracia no existiría. Una cosa son las modalidades que adopta, sus límites reales y las enormes expectativas que suelen acompañarla. Otra cosa es que produzca siempre resultados plausibles o que esté atrapada por una dosis inevitable de desigualdad.

Incluso, que el exceso de participación lleve al caos social, tanto como su anulación definitiva al autoritarismo sin máscaras. Pero lo que debe quedar claro es que la democracia requiere siempre de la participación ciudadana: con el voto y más allá de los votos.

Invito al lector a dedicar unos minutos más para tratar de calar un poco más hondo en los vericuetos de este concepto. Veremos primero su relación tensa pero constante con la otra idea democrática, la de representación, y echaremos un vistazo a su evolución.

Luego nos detendremos en algunos de los detalles que supone la participación ciudadana en un régimen democrático.

Y terminaremos con una revisión breve de las posibilidades, pero también de las dificultades, que plantea esa idea para el gobierno de todos los días. Comencemos por aclarar un punto importante: no hay conceptos de la llamada ciencia política que no hayan sufrido cambios con el correr de los tiempos.

Lo que hoy conocemos con el nombre de democracia se parece muy poco a lo que significaba en épocas anteriores. Y lo mismo ha ocurrido con otras ideas de igual relevancia para el tema que nos ocupa: ciudadanos, elecciones; soberanía, legitimidad, etcétera.

Todas las palabras que usamos para explicar nuestra convivencia política han servido para nombrar realidades muy diferentes, según la época en que se hayan empleado. Y no siempre han sido vistas con el mismo entusiasmo.

Por el contrario, hubo un tiempo muy largo en que la democracia se consideró como una forma lamentable de gobierno. Con frecuencia se recuerda que Aristóteles, por ejemplo, pensaba que se trataba de una mala desviación del régimen republicano: una desviación demagógica, puesta al lado de la oligarquía y de la tiranía como formas perversas de gobernar las ciudades.

Pero se olvida que después de los clásicos griegos - pues en ese punto, con matices, coincidían casi todos -, la opinión general sobre ese concepto no mejoró mucho.

Eso es culpa de los demagogos, agregaba, que resuelven los asuntos públicos con el apoyo de "una multitud que les obedece". Y todavía en el primer tercio de nuestro siglo, Ortega y Gasset se seguía quejando de la "rebelión de las masas" como un mal signo para el futuro.

Durante muchísimo tiempo, contado en miles de años, la palabra clave no fue democracia, sino república. No era que los filósofos prefirieran siempre que el pueblo se mantuviera al margen de los asuntos de la política, sino que veían con temor que las leyes pasaran inadvertidas para una confusa asamblea de multitudes beligerantes.

No veían con buenos ojos la participación. No era lo mismo entregar el poder al pueblo, para que éste lo ejerciera a través de deliberaciones multitudinarias controladas por unos cuantos, que convertir al gobierno en una república: en asunto de todos.

Había entre ambos conceptos una diferencia de matiz que tampoco debería pasar inadvertida para nosotros: tanto los antiguos como la gran mayoría de los pensadores modernos creían que la participación de los ciudadanos tenía que someterse a ciertas reglas de comportamiento para evitar que las asambleas condujeran al caos.

Y es que la palabra democracia significaba para ellos lo que nosotros calificaríamos hoy como asambleísmo. En cambio, lo que ellos entendían como gobierno republicano estaba mucho más cerca de nuestra concepción democrática actual.

Mucho más cerca, pero todavía lejos de lo que hoy entendemos al invocar la idea de la democracia. La diferencia fundamental está en los procesos electorales. Entre los antiguos no cabía ni remotamente la idea de que todas las personas fueran iguales ante la ley, y que tuvieran el mismo derecho a participar en la selección de sus gobernantes.

No todos gozaban de la condición de ciudadanos. Era necesario haber nacido dentro de un estrato específico de la sociedad, o haber acumulado riquezas individuales, para tener acceso a la verdadera participación ciudadana. Las ciudades griegas más civilizadas practicaban, ciertamente, la democracia directa que algunos políticos contemporáneos proclaman.

Pero en esas ciudades no había ninguna dificultad para distinguir entre representación y participación, porque la asamblea abarcaba a todas las personas que gozaban de la condición ciudadana.

No eran muchos y, en consecuencia, podían hacerlo. De ahí que tampoco celebraran elecciones para nombrar cargos públicos sino sorteos: todos los ciudadanos eran iguales y no había razón alguna para distinguir a nadie con el voto mayoritario. De modo que en esas ciudades tampoco había conflictos entre mayorías y minorías, pues las decisiones se tomaban por consenso.

La representación y la participación aparecían, así, fundidas en una sola asamblea: todos los ciudadanos se representaban a sí mismos y todos estaban obligados a la participación colectiva. Sin embargo, no sólo el tamaño de aquellas ciudades hacía posible esa forma de democracia directa, sino sobre todo la distinción previa de quienes gozaban de la condición ciudadana.

De ahí que, en rigor, las decisiones estuvieran realmente en manos de una minoría selecta. Y de ahí también que la democracia, entendida ahora como la participación efectiva de todos los habitantes de la ciudad - y no sólo de quienes pertenecían al rango de ciudadanos -, resultara para aquellos filósofos una forma perversa de gobernar.

Para que la democracia se haya convertido en un régimen de igualdad y de libertad para todos los seres humanos, sin distinción de clase social, raza o sexo, hubo que recorrer prácticamente toda la historia hasta ya bien entrado el siglo en el que ahora vivimos. Hasta hace muy poco tiempo, el gobierno de una república, aun en el mejor de los casos, estaba reservado para unos cuantos.

Y el último obstáculo ideológico hacia la ampliación universal de la democracia como patrimonio común se rompió apenas hace unos años, cuando las mujeres ganaron finalmente el derecho a votar y a ser votadas.

Subrayo que era un obstáculo ideológico, porque en la gran mayoría de los países del mundo la democracia sigue siendo todavía una aspiración. Si se mira hacia todos los países del orbe y no sólo hacia el occidente de mayor desarrollo, se observará claramente que esa forma de gobierno sigue siendo privilegio de unas cuantas naciones.

Y si bien las ideas democráticas han ganado un considerable terreno, no ha sido fácil pasar al ámbito de los hechos. La idea de que los procesos electorales forman el núcleo básico del régimen democrático, en efecto, atravesó por la formación de partidos políticos y por una larga mudanza de las ideas paralelas de soberanía y legitimidad, que costaron no pocos conflictos a la humanidad.

Procesos todos que tuvieron lugar en distintos puntos del orbe durante el siglo pasado y que estuvieron ligados, finalmente, a la evolución del Estado y de las formas de gobierno, como los últimos recipientes de las tensiones y de los acuerdos entre los seres humanos.

Es una historia muy larga y compleja como para tratar de contarla en la brevedad de estas líneas. Pero lo que sí interesa subrayar es que la relación actual entre representación política y participación ciudadana es relativamente reciente, y que todavía hay cabos sueltos que tienden a confundir ambos procesos en la solución cotidiana de los conflictos políticos.

El más frecuente y el más riesgoso es la tendencia recurrente a plantear ambos términos como ideas antagónicas. Hubo un tiempo muy largo en que esto no ocurría así: de hecho, la representación política significaba, en todo caso, la forma más acabada de participación de los ciudadanos.

Hasta antes de las revoluciones de independencia de los Estados Unidos y de las ideas surgidas de la Revolución francesa, no existía la representación democrática en el sentido que ahora le damos a esa palabra, sino otra de carácter orgánico: se representaban los grupos organizados a través de su oficio, de sus actividades profesionales, frente al poder estatuido.

En el largo periodo de la Edad Media, la representación no estaba fundida a la idea de participar en la toma de decisiones comunes - como en las antiguas ciudades griegas -, sino sometida a la voluntad final de los reyes y de los monarcas que poseían la soberanía del Estado.

En consecuencia, la representación tampoco estaba asociada a las tareas de gobierno: lo que se representaba, en todo caso, era la voluntad de ciertos grupos estamentales para obtener los favores del príncipe soberano.

De modo que la sociedad no formaba parte de las decisiones, sino que acaso intentaba influir en ellas a través de sus muy variados representantes. Para decirlo en términos llanos, la representación estaba confundida con lo que ahora entenderíamos como participación: era una forma de sustituir la presencia de los intereses aislados ante la soberanía del rey, pero nunca de formar parte en las decisiones finales tomadas por el gobierno.

Porque la soberanía del gobernante no provenía del pueblo, sino de la herencia. No era la voluntad popular la que había llevado a la formación del gobierno sino los ancestros del poderoso y, en última instancia, la voluntad de Dios.

En cambio, "la representación moderna refleja - como nos dice Giovanni Sartori - una transformación histórica fundamental": 4 no sólo porque el concepto de soberanía se trasladó de las casas reales hacia la voluntad popular, sino porque los gobernantes y los estamentos dejaron de representarse a sí mismos para comenzar a representar los intereses mucho más amplios de una nación.

Y es en este punto donde comienza a plantearse la separación y, al mismo tiempo, la convivencia entre las ideas de representación política y participación ciudadana. Si para las antiguas ciudades griegas participar y representarse eran una y la misma cosa, y para el largo periodo medieval sólo cabía la representación de Dios a través de los reyes y su voluntad personal de escuchar a veces a ciertos representantes del pueblo, para nosotros ya no cabe la idea de la representación más que ligada al gobierno: nuestros representantes son nuestros gobernantes, y sólo pueden ser nuestros gobernantes si efectivamente nos representan.

Se trata de la primera idea cabalmente democrática que acuñó la humanidad y hasta la fecha sigue siendo la más importante de todas: arrebatarle el mando político, la soberanía, a un pequeño grupo de gobernantes para trasladarlo al conjunto del pueblo.

De ahí la importancia de aquellas revoluciones americana y francesa de finales del siglo XVIII: nunca, antes de ellas, se había gestado un movimiento político de igual trascendencia para darle el poder al pueblo.

Aquella idea no distinguió clases sociales ni diferencias raciales, pero ya habían pasado los tiempos - si es que alguna vez los hubo realmente - en que el pueblo podía presentarse en una asamblea pública a tomar decisiones. La democracia que defendieron los llamados revolucionarios liberales no era una democracia acotada a las fronteras estrechas de una pequeña comunidad, sino otra destinada al gobierno de naciones enteras.

De modo que fue preciso crear parlamentos para darle curso a la representación popular e instaurar métodos y procedimientos para elegir a los nuevos representantes.

Y con ellos surgieron, naturalmente, nuevas dificultades: algunas se resolvieron paulatinamente durante el siglo anterior y otras, como veremos más adelante, siguen sin tener una respuesta válida para todos. El primer problema que se afrontó fue la calidad misma de la representación: ¿a quiénes representaban los miembros de los nuevos parlamentos del mundo moderno?

Fue un problema complejo que atravesaba por la vieja confusión entre las formas de participación y de representación que venían de atrás. Si los parlamentos habían arrebatado la soberanía a los monarcas, entonces los representantes no podían serlo más que de todo el pueblo pues, de lo contrario, mucha gente se hubiese quedado al margen de las decisiones más importantes.

Pero las tradiciones feudales todavía pesaban mucho al comenzar el siglo pasado, de modo que no fue sencillo -y todavía hay quienes siguen discutiendo ese punto - romper la lógica del llamado mandato imperativo.

Es decir, deshacer la confusión entre la representación política de todo el pueblo, y la participación específica de determinados grupos de interés ante el gobierno.

Me explico: el mandato imperativo supone que los diputados de un parlamento fueron electos por un determinado grupo de ciudadanos y que, en consecuencia, ese diputado solamente es responsable ante ellos: es su representante, y no el representante de toda una nación.

Se trata de una lógica impecable, ciertamente, si no fuera porque está detrás aquella idea clave de la democracia que ya comentamos: el gobierno como el representante de todo el pueblo. Atenidos al mandato imperativo, en cambio, esa idea clave se vendría abajo, pues el gobierno y los parlamentos se convertirían en una especie de patrimonio exclusivo de quienes pudieran hacer triunfar a sus diputados.

Ya no habría igualdad entre los ciudadanos sino una competencia feroz por la defensa de intereses parciales a través de representantes electos.

Y la representación de la soberanía popular se habría convertido en otra forma de participación indirecta. Pero sin rey, ¿quién tomaría las decisiones finales? De ahí que la mayor parte de los países que paulatinamente fueron adoptando la formación de parlamentos democráticos haya prohibido, expresamente, el uso del mandato imperativo.

De acuerdo con esas prohibiciones, los diputados llegan a serlo por la votación parcial de los ciudadanos, sin duda, pero una vez en el parlamento han de representar a toda la nación.

Y de ahí también que el acuerdo básico esté en la aceptación de los procedimientos electorales: los ciudadanos pueden participar en la elección de sus representantes políticos, pero al mismo tiempo están llamados a aceptar los resultados de los comicios.

De modo que el puente que une a la representación con la participación está construido, en principio, con los votos libremente expresados por el pueblo. No se ha inventado otra forma más eficaz para darle sentido a la idea de la soberanía popular: los votos de los ciudadanos para elegir representantes comunes, es decir, la competencia abierta y libre entre candidatos distintos, obligados a representar al conjunto de los ciudadanos que conviven en una nación.

Aceptar el mandato imperativo, o cualquier otra forma de seleccionar a los representantes que no hubiese sido el voto de los ciudadanos, habría destruido la idea misma de la soberanía arrancada a los monarcas de ayer.

Los representantes políticos, en una democracia moderna, lo son de todos los ciudadanos por voluntad de todos los ciudadanos. Lo que significa es que todos los ciudadanos han aceptado los procedimientos que supone la democracia.

Han aceptado que hay opiniones distintas, y que la única forma civilizada de dirimirías es a través de los votos. En otras palabras: como todos tienen derecho a ser representados, pero no todos quieren que los represente la misma persona, deciden entonces ir a elecciones.

Pero quien las gana debe saber que no sólo representa a sus electores sino a todos los ciudadanos. Paradójicamente, sin embargo, ese método lógicamente impecable ha sido la fuente de numerosas dificultades para las democracias modernas.

Durante el siglo XIX, en efecto, no solamente se consolidó la idea básica de la soberanía popular sino que paulatinamente se fue ensanchando también el concepto de ciudadanía hasta abarcar - ya bien entrado el siglo XX - a todas las personas con derechos plenos que conviven en una nación.

Pero también nacieron los partidos políticos: la forma más acabada que ha conocido la humanidad para conducir los múltiples intereses, aspiraciones y expectativas de la sociedad hacia el gobierno, y también para hacer coincidir las distintas formas de representación democrática con las de participación ciudadana.

Los partidos surgieron como una necesidad de organización política en los Estados Unidos, y pronto cobraron carta de identidad en todos los países que habían adoptado formas democráticas de gobierno.

Fueron instrumentos idóneos para reunir y encauzar a los múltiples grupos de interés que se dispersaban por las naciones y que complicaban la lógica simple de la democracia, pero al mismo tiempo se fueron convirtiendo en los protagonistas principales de esa forma de gobierno.

Hoy es casi imposible concebir a la democracia sin la intermediación de los partidos políticos. Pero su presencia es mucho más un fenómeno propio de nuestro siglo que de un pasado remoto, mientras que su actuación como engranes indispensables de la democracia no siempre ha sido motivo de elogios.

Nadie ha imaginado otra herramienta política capaz de sustituirlos con éxito, pero tampoco han pasado inadvertidas sus limitaciones ni las nuevas dificultades que han traído a esa forma ideal de gobierno. Y en particular, en lo que se refiere a los lazos entre representación y participación ciudadana.

Norberto Bobbio, por ejemplo, ha escrito que la verdadera democracia de nuestros días ha dejado de cumplir algunas de las promesas que se formularon en el pasado y ha culpado a los partidos políticos de haberse convertido en una de las causas principales de esa desviación.

Pero antes que él, otros intelectuales ya habían advertido sobre la tendencia de los partidos a convertirse en instrumentos de grupo más que en portadores de una amplia participación ciudadana.

Y ahora mismo, uno de los problemas teóricos y prácticos de mayor relevancia en las democracias occidentales consiste en evitar que las grandes organizaciones partidistas se desprendan de la vida cotidiana de los ciudadanos. Al final del siglo XX, han vuelto incluso los debates sobre los mandatos imperativos que, como vimos, acompañaron el surgimiento de los primeros atisbos de democracia.

Y han nacido también dudas nuevas sobre el verdadero papel de los partidos políticos como conductores eficaces de las múltiples formas de participación ciudadana que se han gestado en los últimos años.

De ahí, en fin, que no pocos autores hayan acabado por contraponer los términos de representación y de participación como dos vías antagónicas en la construcción de la democracia. La crítica más importante que se ha formulado a los partidos políticos es su tendencia a la exclusión: los partidos políticos, se dice, son finalmente organizaciones diseñadas con el propósito explícito de obtener el poder.

Y para cumplir ese propósito, en consecuencia, esas organizaciones están dispuestas a sacrificar los ideales más caros de la participación democrática.

La importancia que los partidos le otorgan a sus propios intereses, a su propio deseo de conservar el mando político por encima de los intereses más amplios de los ciudadanos constituye, de hecho, el argumento más fuerte que se ha empleado por los críticos del llamado régimen de partidos.

De él se desprenden otros: la supremacía de los líderes partidistas sobre la organización misma que representan; la consolidación "institucional" de ciertas prácticas y decisiones excluyentes sobre la voluntad soberana, mucho más abstracta, de la nación; los privilegios que los miembros de los partidos se conceden a sí mismos, y que le conceden también a ciertos grupos aliados a ellos, como la burocracia gubernamental, las grandes empresas que suelen financiarlos o las grandes organizaciones sindicales que les ofrecen votos; o la falta de transparencia en el ejercicio de sus poderes y del dinero que se les otorga para cumplir su labor.

Todas esas críticas parten del mismo principio: la distancia que tiende a separar a los líderes de los partidos políticos del resto de los ciudadanos. Y todas aluden, a su vez, al problema del mandato imperativo que ya conocemos. Pero más allá del interés natural que esas críticas podrían despertarnos, lo que importa destacar en estas notas es que todas ellas parten de una sobrevaloración del papel desempeñado por los partidos políticos en las sociedades modernas.

Ciertamente, el primer puente que une a la representación política con la participación de los ciudadanos en los asuntos comunes es el voto. Sin elecciones, simplemente no habría democracia. Podría haber representación - como también vimos-, pero esa representación no respondería a la voluntad libre e igual de los ciudadanos.

No sería una representación soberana, en el sentido moderno que esta palabra ha adoptado. Y ciertamente, también, en las democracias modernas los ciudadanos suelen votar por los candidatos que les proponen los partidos políticos.

Son ellos los que cumplen el papel de intermediarios entre la voluntad de los electores y la formación del gobierno.

Pero la democracia no se agota en las elecciones: continúa después a través de otras formas concretas de participación ciudadana, que sólo atañen tangencialmente a los partidos políticos. Después de las elecciones, los partidos han de convertirse en gobierno: en asunto de todos y, en consecuencia, han de someterse a los otros controles ciudadanos que también exige la democracia.

No digo que aquellas críticas sobre los partidos sean falsas. Todas ellas cuentan con abundantes ejemplos en cualquiera de las democracias modernas.

Pero ninguna de ellas ha aportado razones suficientes para prescindir de ellos, ni mucho menos para cancelar la existencia misma de la democracia.

Por fortuna, frente a esa doble tendencia partidista a la exclusión y al mandato imperativo, la misma democracia ha producido anticuerpos: otros medios para impedir que esas tendencias destruyan la convivencia civilizada.

Para saber que un régimen es democrático, pues, hace falta encontrar en él algo más que elecciones libres y partidos políticos. Por supuesto, es indispensable la más nítida representación política de la voluntad popular -y para obtenerla, hasta ahora, no hay más camino que el de los votos y el de los partidos organizados-, pero al mismo tiempo es preciso que en ese régimen haya otras formas de controlar el ejercicio del poder concedido a los gobernantes.

No sólo las que establecen las mismas instituciones generadas por la democracia, con la división de poderes a la cabeza, sino también formas específicas de participación ciudadana.

Si la representación y la participación se separaron como consecuencia del desarrollo político de la humanidad, las sociedades de nuestros días las han vuelto a reunir a través del ejercicio cotidiano de las prácticas democráticas. El voto es el primer puente, pero detrás de él siguen las libertades políticas que también acuñó el siglo pasado y que se han profundizado con el paso del tiempo.

De modo que, en suma, la democracia no se agota en los procesos electorales, ni los partidos políticos poseen el monopolio de la actividad democrática. Ya desde principios de los años setenta, Robert Dahl había sugerido un pequeño listado para constatar que las democracias modernas son mucho más que una contienda entre partidos políticos en la búsqueda del voto.

Entre ocho puntos distintos, sólo dos de ellos aludían a esa condición necesaria, pero insuficiente. Los otros seis se referían a la libertad de asociación de los ciudadanos para participar en los asuntos que fueran de su interés; a la más plena libertad de expresión; a la selección de los servidores públicos, con criterios de responsabilidad de sus actos ante la sociedad; a la diversidad de fuentes públicas de información; y a las garantías institucionales para asegurar que las políticas del gobierno dependan de los votos y de las demás formas ciudadanas de expresar las preferencias.

Dos términos que en las democracias modernas han dejado de significar lo mismo, pero que se necesitan recíprocamente: participación que se vuelve representación gracias al voto, y representación que se sujeta a la voluntad popular gracias a la participación cotidiana de los ciudadanos.

En las sociedades democráticas, pues, la participación ciudadana es la pareja indispensable de la representación política.

Ambas se necesitan mutuamente para darle significado a la democracia. No obstante, la primera es mucho más flexible que la segunda y es también menos conocida, aunque su nombre se pronuncie con más frecuencia. En este capítulo revisaremos algunas de las razones que explican esa paradoja aparente: la participación como un método que le da vida a la democracia, pero que al mismo tiempo suele complicar su existencia.

En principio, porque una vez separada de la representación a la que debe su origen, la participación se vuelve irremediablemente un camino de doble sentido: de un lado, sirve para formar a los órganos de gobierno pero, de otro, es utilizada para influir en ellos, para controlarlos y, en no pocas ocasiones, para detenerlos.

En otras palabras: la participación es indispensable para integrar la representación de las sociedades democráticas a través de los votos, pero una vez constituidos los órganos de gobierno, la participación se convierte en el medio privilegiado de la llamada sociedad civil para hacerse presente en la toma de decisiones políticas.

Antes vimos que no sólo se participa a través de las elecciones. Ahora hay que agregar que sin esa forma de participación todas las demás serían engañosas: si la condición básica de la vida democrática es que el poder dimane del pueblo, la única forma cierta de asegurar que esa condición se cumpla reside en el derecho al sufragio.

Es una condición de principio que, al mismo tiempo, sirve para reconocer que los ciudadanos han adquirido el derecho de participar en las decisiones fundamentales de la nación a la que pertenecen. Ser ciudadano, en efecto, significa en general poseer una serie de derechos y también una serie de obligaciones sociales.

Pero ser ciudadano en una sociedad democrática significa, además, haber ganado la prerrogativa de participar en la selección de los gobernantes y de influir en sus decisiones. De aquí parten todos los demás criterios que sirven para identificar la verdadera participación ciudadana.

Sin duda, hay otras formas de participación en las sociedades no democráticas. que incluso pueden ser más complejas y más apasionantes. No obstante, las que interesan a estas lineas son las que pueden tener lugar en la democracia.

Quienes aportan esta definición sugieren, también, que en general pueden ser reconocidas cuatro formas de participación política de los ciudadanos: 8 desde luego, la que supone el ejercicio del voto; en segundo lugar, las actividades que realizan los ciudadanos en las campañas políticas emprendidas por los partidos o en favor de algún candidato en particular; una tercera forma de participar reside en la práctica de actividades comunitarias o de acciones colectivas dirigidas a alcanzar un fin específico; y finalmente, las que se derivan de algún conflicto en particular.

Está en la doble dirección que ya anotábamos antes: no es lo mismo participar para hacerse presente en la integración de los órganos de gobierno que hacerlo para influir en las decisiones tomadas por éstos, para tratar de orientar el sentido de sus acciones.

Aunque la participación ciudadana en general siempre "se refiere a la intervención de los particulares en actividades públicas, en tanto que portadores de determinados intereses sociales", 10 nunca será lo mismo votar que dirigir una organización para la defensa de los derechos humanos, o asistir a las asambleas convocadas por un gobierno local que aceptar una candidatura por alguno de los partidos políticos.

Pero en todos los casos, a pesar de las obvias diferencias de grado que saltan a la vista, el rasgo común es el ejercicio de una previa condición ciudadana asentada claramente en el Estado de derecho.

Sin ese rasgo, la participación ciudadana deja de serlo para convertirse en una forma de rebeldía "desde abajo", o de movilización "desde arriba". La participación ciudadana supone, en cambio, la combinación entre un ambiente político democrático y una voluntad individual de participar.

De los matices entre esos dos elementos se derivan las múltiples formas y hasta la profundidad que puede adoptar la participación misma. Pero es preciso distinguirla de otras formas de acción política colectiva: quienes se rebelan abiertamente en contra de una forma de poder gubernamental no están haciendo uso de sus derechos reconocidos, sino luchando por alguna causa especifica, contraria al estado de cosas en curso.

Las revoluciones no son un ejemplo de participación ciudadana, sino de transformación de las leyes, de las instituciones y de las organizaciones que le dan forma a un Estado. Pero tampoco lo son las movilizaciones ajenas a la voluntad de los individuos: las marchas que solían organizar los gobiernos dictatoriales, por ejemplo, aun en contra de la voluntad de trabajadores que solían asistir a ellas, tampoco constituían ninguna muestra de participación ciudadana.

Si en las rebeliones de cualquier tipo -pacíficas o violentas, multitudinarias o no - el sello básico es la inconformidad con el orden legal establecido y el deseo de cambiarlo, en las movilizaciones lo que falta es la voluntad libre de los individuos para aceptar o rechazar lo que se les pide: en ellas no hay un deseo individual, sino una forma específica de coerción.

la participación ciudadana, en cambio, exige al mismo tiempo la aceptación previa de las reglas del juego democrático y la voluntad libre de los individuos que deciden participar: el Estado de derecho y la libertad de los individuos.

Así pues, aunque con mucha frecuencia se les confunda como formas de participación, conviene tener claro que ni la rebelión ni la movilización cumplen esos dos requisitos. El difícil equilibrio entre el régimen político en el que se desenvuelve la participación de los ciudadanos y las innumerables razones que empujan a las personas a tomar parte de una acción colectiva ofrecen razones suficientes, sin embargo, para reconocer la complejidad del entramado que esos dos elementos suelen producir.

Somos conscientes de la importante herramienta que puede llegar a ser esto para agilizar los procesos y buscar el bienestar común de todos los que formamos parte de la sociedad. Mejorar la calidad de vida de los individuos y buscar una sociedad más solidaria y cohesionada es el motor que impulsa las acciones relevantes de participación.

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Taller de prevención de la soledad no deseada. Gestión de la Diversidad generacional y cultural 11 Comentarios Estefany el 6 abril, a las Muchas gracias me sirvió de mucha ayuda. Soy una estudiante de 2° grado de secundaria y quería agradecerles, me ayudo mucho en poder completar y concluir con mi trabajo.

Excelente artículo en este nos encontramos desarrollando una propuesta en mi municipio orientada a crear una Red de Vecinos que nos permita fomentar la participación ciudadana para la acción colectiva.

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Facebook Twitter 0 elementos. La participación ciudadana es uno de los instrumentos más útiles para fomentar el cambio y la solidaridad entre iguales. La repercusión que las medidas implantadas con respecto a la participación de la comunidad tienen en el resto resulta positiva en la mejora de la calidad de vida y el bienestar.

Métodos para fomentar la participación ciudadana Contar con una ciudadanía activa e implicada es síntoma de una sociedad igualitaria y democrática que busca la ayuda a los demás a través del desarrollo de proyectos fructíferos para todos.

Participación ciudadana desde la infancia La participación organizada del ciudadano es fundamental para la cohesión social de la comunidad. Fomentar la participación ciudadana en el ámbito educativo Desde las escuelas infantiles hasta los ámbitos educativos universitarios y, en general todos los centros de enseñanza en sus distintas categorías, se convierten en un escenario ideal para fomentar la participación ciudadana a través de la educación.

Claves para fomentar la participación ciudadana desde el ámbito educativo Para poder conseguir los objetivos de participación ciudadana colaborativa desde la infancia es necesario establecer una serie de protocolos o medidas que impulsen el desarrollo de los menores en este ámbito y le enfoque a ello: Potenciar y fomentar los contenidos , las competencias y los recursos y posibilidades en cuestiones de participación ciudadana y valores colectivos.

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Establecer prácticas y acciones para empatizar con los problemas sociales, culturales o económicos de la comunidad.

De esta forma se inculcan desde una temprana edad el sentimiento de adhesión y pertenencia a un colectivo, invitando a los menores a ser responsables con el entorno que les rodea, a través de acciones justas y de consenso.

Repercusión de la participación ciudadana en la sociedad La participación ciudadana es un instrumento de empoderamiento social que hace posible el buen devenir de numerosos aspectos de la vida diaria de la población. Ex Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, C.

San Pablo Núm. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C. Teléfono 18 91 20 Ext. Página electrónica de la revista: digitaldcsh. mx, Editor responsable: Jorge Alberto Rosas Castro.

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Participación ciudadana consciente y organizada, eje de seguridad en Ecuador

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Andrea Sanhueza, experta en participación ciudadana, Investigadora Alianza para el Gobierno Abierto

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Ciudadanía activa que genera cambios La acción ciudadana desempeña un papel fundamental en la construcción de sociedades más prósperas y justas en América Latina. Aquí van algunas formas en las que los ciudadanos pueden ser partícipes de estos cambios: 1.

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Responsable de la última actualización de este número: DCG Erandi Pérez Urbán, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración, Av.

San Pablo, núm. Tamaño del archivo 4. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4. Así que asumimos la tarea de servir al bien común con alegría y esperanza, confiados en que Dios, que "tanto amó al mundo, que le entregó a su Hijo único", camina con nosotros y nos fortalece en el camino Jn Dios es amor, y él desea que ayudemos a construir una "civilización del amor", una civilización en que todos los seres humanos tengan la libertad y la oportunidad de experimentar el amor de Dios y vivir ese amor haciendo un don gratuito de sí mismos unos a otros.

El papa Francisco nos anima en Evangelii Gaudium a meditar sobre la. inseparable conexión entre la recepción del anuncio salvífico y un efectivo amor fraterno. La Palabra de Dios enseña que en el hermano está la permanente prolongación de la Encarnación para cada uno de nosotros: "Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hicisteis a mí" Mt Lo que hagamos con los demás tiene una dimensión trascendente: "Con la medida con que midáis, se os medirá" Mt ; y responde a la misericordia divina con nosotros: "Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo.

No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis perdonados; dad y se os dará. Con la medida con que midáis, se os medirá" Lc Lo que expresan estos textos es la absoluta prioridad de la "salida de sí hacia el hermano" como uno de los dos mandamientos principales que fundan toda norma moral y como el signo más claro para discernir acerca del camino de crecimiento espiritual en respuesta a la donación absolutamente gratuita de Dios.

El mandato del amor es "'Id por todo el mundo, anunciad la Buena Noticia a toda la creación' Mc " Evangelii Gaudium , no. Aquí, continúa el papa Francisco, "la creación quiere decir también todos los aspectos de la vida humana, de manera que 'la misión del anuncio de la Buena Nueva de Jesucristo tiene una destinación universal.

Su mandato de caridad abraza todas las dimensiones de la existencia, todas las personas, todos los ambientes de la convivencia y todos los pueblos. Nada de lo humano le puede resultar extraño'" Evangelii Gaudium , no. Este "mandato" incluye nuestra participación en la vida política.

Las realidades políticas de nuestra nación nos presentan oportunidades y retos. Somos una nación fundada sobre "la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad", aunque el derecho a la vida misma no está totalmente protegido, especialmente en lo que se refiere a los niños no nacidos, los enfermos terminales y los ancianos, quienes son los miembros más vulnerables de la familia estadounidense.

Estamos llamados a ser constructores de paz en una nación en guerra. Somos un país comprometido a buscar "libertad y justicia para todos", pero muy a menudo estamos divididos según diferencias de raza, etnia y desigualdad económica. Somos una nación de inmigrantes, que lucha por resolver los retos que surgen de los muchos nuevos inmigrantes que hay entre nosotros.

Somos una sociedad construida sobre la fortaleza de nuestras familias, llamada a defender el matrimonio y ofrecer apoyo moral y económico a la vida familiar. Somos una nación poderosa en un mundo violento, que afronta el terror e intenta construir un mundo más seguro, más justo y más pacífico.

Somos una sociedad rica donde demasiadas personas viven en la pobreza y carecen de cuidado médico y otras necesidades vitales.

Somos parte de una comunidad global encargados de ser buenos administradores del medio ambiente de la tierra, lo que el papa Francisco llama "nuestra casa común", que está siendo amenazada.

Estos retos están en el corazón de la vida pública y en el centro de la búsqueda del bien común. Como el papa Francisco ha insistido, "No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental.

Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza" Laudato Si' , no. Durante muchos años, nosotros, los obispos de los Estados Unidos, hemos buscado compartir la doctrina católica sobre la vida social y política.

Lo hemos hecho mediante una serie de declaraciones emitidas cada cuatro años y enfocadas en la "responsabilidad política" o "los ciudadanos fieles".

Con este documento continuamos esta práctica, manteniendo una continuidad con lo que hemos dicho en el pasado a la luz de los nuevos retos que afrontan nuestra nación y nuestro mundo. Esta no es una doctrina nueva, sino que afirma lo que ya enseñan la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y toda la Iglesia.

Como católicos, somos parte de una comunidad con una herencia rica que nos ayuda a considerar los retos que existen en la vida pública y que contribuye a una mayor justicia y paz para todos.

Parte de esa rica herencia sobre cómo ser ciudadanos fieles es la enseñanza de la Declaración sobre la libertad religiosa Dignitatis Humanae , promulgada por el Concilio Vaticano II. Esta dice que "la misma sociedad así [pueda gozar] de los bienes de la justicia y de la paz que dimanan de la fidelidad de los hombres para con Dios y para con su santa voluntad" no.

El trabajo a favor de la justicia requiere que la mente y el corazón de los católicos estén educados y formados para así conocer y practicar la totalidad de la fe. Esta declaración pone de relieve el papel de la Iglesia en la formación de la conciencia y la responsabilidad moral que le corresponde a cada católico de escuchar, recibir y actuar según la doctrina de la Iglesia en la tarea para toda la vida que es la formación de su propia conciencia.

Las más importantes de esas enseñanzas son los cuatro principios básicos de la doctrina social católica: la dignidad de la persona humana, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad Compendio de la doctrina social de la Iglesia , no. Con esta base los católicos están mejor equipados para evaluar posturas políticas, los programas de los partidos políticos y las promesas y acciones de los candidatos a la luz del Evangelio y la doctrina moral y social de la Iglesia para ayudar a construir un mundo mejor.

Buscamos conseguir esto haciendo cuatro preguntas: 1 ¿Por qué enseña la Iglesia sobre cuestiones que afectan a la política pública? En esta declaración, nosotros, los obispos, no tenemos la intención de decir a los católicos por o contra quién votar.

Nuestro objetivo es ayudar a los católicos a formar sus conciencias de acuerdo con la verdad de Dios. Reconocemos que la responsabilidad de tomar decisiones en la vida política recae en cada individuo a la luz de una conciencia debidamente formada, y que la participación va mucho más allá del hecho de depositar el voto en una elección en particular.

En los años en los que hay elecciones, es posible que se produzcan y distribuyan muchos panfletos y guías para votantes. Animamos a los católicos a que busquen los recursos que hayan sido autorizados por sus propios obispos, la conferencia de obispos católicos del estado y la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos United States Conference of Catholic Bishops.

Esta declaración tiene como objetivo reflejar y complementar, y no sustituir, la actual doctrina de los obispos de nuestras propias diócesis y estados. Al utilizar este documento, es importante recordar que la doctrina de la Iglesia es coherente y se basa en una visión integral de la dignidad de la persona humana, una dignidad que en palabras de San Juan Pablo II "manifiesta todo su fulgor cuando se consideran su origen y su destino.

Creado por Dios a su imagen y semejanza, y redimido por la preciosísima sangre de Cristo, el hombre está llamado a ser 'hijo en el Hijo' y templo vivo del Espíritu; y está destinado a esa eterna vida de comunión con Dios" Christifideles Laici , no. Por lo tanto, los juicios particulares del documento pueden corresponder a diversos puntos a lo largo del espectro político, pero los principios fundamentales que guían estas enseñanzas no deben ser ignorados en ningún caso ni utilizados de forma selectiva para servir intereses partidistas.

A la luz de estas reflexiones y las de los obispos locales, animamos a todos los católicos de los Estados Unidos a ser activos en el proceso político, especialmente en estos tiempos de tantos retos. Las enseñanzas de la Iglesia sobre situaciones contingentes están sujetas a mayores o nuevos desarrollos y pueden ser objeto de discusión, pero no podemos evitar ser concretos —sin pretender entrar en detalles— para que los grandes principios sociales no se queden en meras generalidades que no interpelan a nadie.

Los Pastores, acogiendo los aportes de las distintas ciencias, tienen derecho a emitir opiniones sobre todo aquello que afecte a la vida de las personas, ya que la tarea evangelizadora implica y exige una promoción integral de cada ser humano.

La obligación de la Iglesia de participar en la formación del carácter moral de la sociedad es un requisito de nuestra fe. Es una parte esencial de la misión que hemos recibido de Jesucristo, quien nos ofrece una visión de la vida que nos ha sido revelada en la Sagrada Escritura y la Tradición.

Haciendo eco del Concilio Vaticano II: Cristo, la Palabra hecha carne, al manifestarnos el amor del Padre, también nos ha mostrado lo que significa verdaderamente ser humanos véase Gaudium et Spes , no. El amor que Cristo nos tiene nos permite ver con completa claridad nuestra dignidad humana y nos lleva a amar a nuestro prójimo como él nos ha amado.

Cristo, el Maestro, nos muestra aquello que es verdadero y bueno, es decir, aquello que está de acuerdo con nuestra naturaleza humana, como seres libres e inteligentes creados a imagen y semejanza de Dios y dotados por el Creador con dignidad y derechos, así como con deberes.

Cristo nos revela también las debilidades que son parte de todos los esfuerzos humanos. En el lenguaje de la revelación, nos enfrentamos con el pecado, tanto personal como estructural. Todas las "estructuras de pecado", como las llama San Juan Pablo II, "se fundan en el pecado personal y, por consiguiente, están unidas siempre a actos concretos de las personas, que las introducen, y hacen difícil su eliminación" Sollicitudo Rei Socialis , no.

Por lo tanto, nuestra fe nos ayuda a entender que la búsqueda de una civilización del amor debe abordar nuestros propios fallos y las formas en que estos fallos distorsionan el ordenamiento más amplio de la sociedad en que vivimos.

En las palabras del Catecismo de la Iglesia Católica , "Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres" no.

Como el papa Francisco, citando al papa Benedicto XVI, reafirmó en Evangelii Gaudium , "Tenemos que convencernos de que la caridad 'no es sólo el principio de las micro-relaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las macro-relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas'" no.

Lo que la fe nos enseña acerca de la dignidad de la persona humana y de la santidad de cada vida humana, y acerca de las fortalezas y debilidades de la humanidad, nos ayuda a ver con más claridad las mismas verdades que también nos son transmitidas mediante el don de la razón humana.

En el centro de estas verdades está el respeto por la dignidad de cada persona. Esta es la esencia de la doctrina moral y social católica. Como somos personas tanto de fe como seres racionales, es apropiado y necesario que llevemos al ámbito público esta verdad esencial acerca de la vida y dignidad humana.

Estamos llamados a practicar el mandamiento de Cristo de "que se amen los unos a los otros" Jn También estamos llamados a promover el bienestar de todos, a compartir nuestras bendiciones con los más necesitados, a defender el matrimonio y a proteger la vida y la dignidad de todas las personas, especialmente de los débiles, los vulnerables y los que carecen de voz.

El papa Benedicto XVI explicó en su primera encíclica, Deus Caritas Est , que "la caridad debe animar toda la existencia de los fieles laicos y, por tanto, su actividad política, vivida como 'caridad social'" no.

Hay quienes preguntan si es apropiado que la Iglesia juegue un papel en la vida política. Sin embargo, la obligación de enseñar acerca de las verdades morales que deberían dar forma a nuestra vida, incluida nuestra vida pública, es un elemento central de la misión que Jesucristo encomendó a la Iglesia.

Lo que es aún más, la Constitución de los Estados Unidos protege el derecho de cada creyente y de cada institución religiosa a participar y decir lo que piense sin interferencias gubernamentales, favoritismos o discriminación. La ley civil debería reconocer y proteger totalmente el derecho de la Iglesia y otras instituciones de la sociedad civil a participar en la vida cultural, política y económica sin ser forzadas a abandonar o ignorar sus convicciones morales centrales.

La tradición pluralista de nuestra nación se ve reforzada, y no amenazada, cuando los grupos religiosos y las personas de fe llevan a la vida pública sus convicciones y preocupaciones. De hecho, la doctrina de nuestra Iglesia concuerda con los valores fundacionales que han marcado la historia de nuestra nación: "la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad".

La comunidad católica brinda contribuciones importantes al diálogo político sobre el futuro de nuestra nación. Ofrecemos un marco moral coherente — surgido de la razón humana básica iluminada por la Sagrada Escritura y la doctrina de la Iglesia— para analizar las cuestiones, las plataformas políticas y las campañas.

También aportamos una amplia experiencia en el área de servicio a los necesitados, educando a la juventud, cuidando de los enfermos, dando techo a los desamparados, ayudando a las mujeres con embarazos difíciles, alimentando al hambriento, dando la bienvenida a los inmigrantes y refugiados, ofreciendo nuestra solidaridad a nivel global y promoviendo la paz.

Celebramos, con todos nuestros prójimos, el compromiso históricamente robusto con la libertad religiosa en este país que ha brindado a la Iglesia la libertad para servir al bien común. A la conciencia bien formada del seglar toca lograr que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena.

De los sacerdotes, los laicos pueden esperar orientación e impulso spiritual. Los laicos, que desempeñan parte activa en toda la vida de la Iglesia, no solamente están obligados a cristianizar el mundo, sino que además su vocación se extiende a ser testigos de Cristo en todo momento en medio de la sociedad humana.

Los Obispos, que han recibido la misión de gobernar a la Iglesia de Dios, prediquen, juntamente con sus sacerdotes, el mensaje de Cristo, de tal manera que toda la actividad temporal de los fieles quede como inundada por la luz del Evangelio.

Recuerden todos los pastores, además, que son ellos los que con su trato y su trabajo pastoral diario exponen al mundo el rostro de la Iglesia, que es el que sirve a los hombres para juzgar la verdadera eficacia del mensaje cristiano. En la Tradición católica, el ser ciudadano fiel es una virtud y la participación en la vida política es una obligación moral.

La obligación de participar en la vida política tiene sus raíces en nuestro compromiso bautismal de seguir a Jesucristo y dar un testimonio cristiano mediante todo lo que hacemos. Como nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica : "Es necesario que todos participen, cada uno según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, en promover el bien común.

Este deber es inherente a la dignidad de la persona humana. Los ciudadanos deben cuando sea posible tomar parte activa en la vida pública" nos. Desafortunadamente, la política en nuestro país puede ser a menudo una lucha entre intereses poderosos, ataques partidarios, frases llamativas y el sensacionalismo de los medios de comunicación.

La Iglesia llama a un tipo diferente de participación política: una formada por las convicciones morales de conciencias bien formadas y enfocada en la dignidad de cada ser humano, la búsqueda del bien común y la protección de los débiles y vulnerables.

Como nos recuerda el papa Francisco, "La política, tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Como ciudadanos deberíamos ser guiados más por nuestras convicciones morales que por nuestro apego a un partido político o grupo con intereses especiales.

Cuando sea necesario, nuestra participación debería ayudar a transformar el partido al que pertenecemos. No deberíamos dejar que el partido nos transforme de tal manera que ignoremos o rechacemos las verdades morales fundamentales, o aprobemos actos intrínsecamente malos.

Estamos llamados a unir nuestros principios y nuestras preferencias políticas, nuestros valores y nuestro voto, para ayudar a construir una civilización de la verdad y el amor. El clero y los laicos tienen funciones complementarias en la vida pública.

Nosotros, los obispos, tenemos la responsabilidad principal de transmitir la doctrina moral y social de la Iglesia. Junto con los sacerdotes y diáconos, asistidos por los religiosos y los líderes laicos de la Iglesia, debemos enseñar los principios morales fundamentales que ayudan a los católicos a formar correctamente su conciencia, a guiarlos por las dimensiones morales de las decisiones públicas y a animar a los fieles a que lleven a cabo sus responsabilidades en la vida política.

Al cumplir estas responsabilidades, los líderes de la Iglesia deben evitar apoyar u oponerse a los candidatos. Como lo dijo el papa Benedicto XVI en Deus Caritas Est :.

La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia.

Como también ha enseñado el Santo Padre en Deus Caritas Est : "El deber inmediato de actuar en favor de un orden justo en la sociedad es más bien propio de los fieles laicos" no. Este deber es hoy, más que nunca, más crítico dado el ambiente político de hoy en día, en el que los católicos se sienten desamparados políticamente, percibiendo que ningún partido político y muy pocos candidatos comparten el compromiso pleno que la Iglesia tiene con la vida y la dignidad de cada persona, desde su concepción hasta la muerte natural.

Sin embargo, este no es momento para retraerse o desanimarse. Más bien, es el momento de renovar nuestra participación política. Al formar su conciencia según la doctrina católica, los laicos católicos pueden involucrarse activamente presentándose como candidatos políticos, trabajando dentro de los partidos políticos, transmitiendo a los funcionarios elegidos sus preocupaciones y posiciones, y participando en las redes de pastoral y defensa social diocesanas, en las iniciativas de las conferencias estatales de obispos católicos, en las organizaciones comunitarias y en otras iniciativas para aplicar doctrinas morales auténticas en el ámbito público.

Incluso quienes no pueden votar tienen el derecho de hacer oír sus voces respecto a cuestiones que afectan su vida y el bien común. Como bien indican los Obispos de los Estados Unidos de América, mientras la Iglesia insiste en la existencia de normas morales objetivas, válidas para todos, "hay quienes presentan esta enseñanza como injusta, esto es, como opuesta a los derechos humanos básicos.

Tales alegatos suelen provenir de una forma de relativismo moral que está unida, no sin inconsistencia, a una creencia en los derechos absolutos de los individuos. En este punto de vista se percibe a la Iglesia como si promoviera un prejuicio particular y como si interfiriera con la libertad individual" Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, Ministerio a las personas con inclinación homosexual , Vivimos en una sociedad de la información que nos satura indiscriminadamente de datos, todos en el mismo nivel, y termina llevándonos a una tremenda superficialidad a la hora de plantear las cuestiones morales.

Por consiguiente, se vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino de maduración en valores.

La Iglesia provee a sus miembros con lo necesario para tratar cuestiones políticas y sociales al ayudarlos a desarrollar una conciencia bien formada.

Los católicos tienen una obligación seria y para toda la vida de formar su conciencia en acuerdo con la razón humana y la doctrina de la Iglesia. La conciencia no es algo que nos permite justificar cualquier cosa que queramos hacer, ni tampoco es simplemente un "sentimiento" acerca de lo que deberíamos o no hacer.

El gran objetivo debería ser Participacción permitirles aPrticipación vida digna Cohsciente través del trabajo. Consxiente representante del Ministerio Participación Ciudadana Consciente Interior añadió que la Participación Ciudadana Consciente se Ruleta Directo Casino a medir de acuerdo a la confianza que tenga la gente en la Policía Nacional. Se trata de un amplio entramado de pequeñas redes de decisión y de acción que todos los días cobra forma en los distintos niveles de gobierno. No veían con buenos ojos la participación. Inscripciones abiertas para el. No digo que aquellas críticas sobre los partidos sean falsas.

By Zutaxe

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